ADVOCA recientemente viene realizando el seguimiento y atención del caso del Dr. Cervantes (nombre convencional), reconocido científico del medio que prestó servicios en una universidad pública impartiendo docencia, así como desarrollando una investigación más de una década atrás.
Por problema internos de la Universidad, los registros y archivos relacionados a la materia que el Dr. Cervantes dictó, así como el producto de su investigación, los registros docentes y otros documentos relacionadas a dichas actividades no fueron hallados al momento de auditar la gestión y el trabajo desarrollado, pretendiendo la Universidad pasar la obligación de custodia de la documentación que toda institución pública tiene frente a la población, al ciudadano - quien más bien y por el contrario, tiene el derecho de acceder a dicha documentación, más aun cuando requiere la misma para afrontar cualquier tipo de proceso iniciado en su contra, en el marco del derecho a la defensa; y pretendiendo en este sentido, que devuelva todos sus salarios en flagrante vulneración a sus derechos.
En este sentido, en escritos presentados y reuniones con las áreas de la Universidad a cargo del caso, se planteó la importancia que -considerando el incumplimiento de la obligación de custodia del archivo institucional por parte de los servidores de esta representa para dilucidar adecuadamente este caso- tiene que las y los auditores, puedan emplear los elementos, documentos y pruebas que sí tienen a su alcance para entender la verdad histórica de los hechos.
En este caso, pese a faltar documentación relevante en los archivos de la Universidad, existían documentos como un par de capítulos del texto, varias planillas de asistencia de diferentes periodos, el pago de todos los salarios y aportes a la seguridad social realizados por la universidad en favor del Dr. Cervantes, documentos que demostrarían en parte, que nuestro cliente trabajó, y que el problema verdadero es la necesidad de mejorar la custodia de los archivos de la Universidad. ADVOCA presentó este y más argumentos, logrando que el informe sea revisado y reconsiderado, ajustándose a la verdad material del caso y reconociendo que las personas que no conservaron la documentación adecuadamente, tienen responsabilidad por la función pública por ello.